Nuestro equipo de abogados constitucionalistas en Abogados Bogotá está especializado en la protección y defensa de sus derechos fundamentales ante cualquier instancia judicial.
Nos encargamos de garantizar que los derechos consagrados en la Constitución sean respetados, tanto por entidades estatales como privadas. A través de recursos y acciones constitucionales, aseguramos una defensa efectiva en cada caso.
Algunos de los servicios que ofrecemos incluyen:

En Abogados Bogotá, nuestro objetivo es proteger sus derechos constitucionales y garantizar que reciba el mejor acompañamiento legal.
La acción de tutela es la herramienta que más usamos. Sirve para pedirle a un juez que proteja de inmediato un derecho fundamental, como la salud, el debido proceso o el derecho a recibir respuesta, cuando una autoridad lo vulnera o lo pone en riesgo. En ciertos casos procede también contra particulares, por ejemplo cuando usted está en situación de subordinación o indefensión frente a ellos (Constitución, art. 86).
Un caso típico es el reporte en centrales de riesgo sin aviso previo; lo explicamos en la guía sobre la tutela por reporte negativo y su radicación en línea.
Quien no esté de acuerdo puede impugnar el fallo dentro de los tres días siguientes a su notificación, y el juez de segunda instancia decide dentro de los 20 días siguientes a recibir el expediente (arts. 31 y 32). Luego el caso va a la Corte Constitucional, que escoge cuáles revisa.
Si la tutela se concede, la orden se cumple de inmediato, en un plazo que no puede pasar de 48 horas (art. 29). Si la entidad no cumple, el juez requiere a su superior (art. 27) y puede tramitar un incidente de desacato, que puede terminar en arresto de hasta seis meses y multa de hasta 20 salarios mínimos mensuales (art. 52).
No es obligatorio: la ley permite presentarla sin apoderado y sin formalidades. Aun así, una tutela mal planteada puede declararse improcedente, y presentar otra igual se considera temeraria. Los abogados en derecho constitucional en Bogotá revisamos antes si procede y qué pruebas faltan.
Sí, cuando el titular del derecho no está en condiciones de defenderse por sí mismo, por ejemplo por enfermedad grave. Se llama agencia oficiosa y en la solicitud hay que explicar por qué esa persona no puede presentarla directamente (Decreto 2591 de 1991, art. 10).
El incidente de desacato busca que se cumpla lo ordenado y puede llevar a sanciones personales para el funcionario responsable. Para pedirlo conviene reunir la prueba del incumplimiento: respuestas evasivas, citas que no se asignan, pagos que no llegan, con sus fechas.